El siguiente texto es largo pero MUY explícativo. Invitamos a nuestros lectores que son abogados, y ciudadanos conocedores de la ley en general que compartan su opinión sobre este delicado tema en la sección de comentarios al final de la página.

El artículo es de autoria del Dr. Donaldo Sousa Guevara y fue publicado el 8 de Diciembre del 2013 en el sitio web  http://panamaprofundo.wordpress.com

Panamá, 8 de diciembre de 2013

TEMA: PELIGRO DEL PROYECTO DE LEY 651 PRESENTADO POR LA SEÑORA PROCURADORA DE LA NACION, LCDA. ANA BELFON

PARA: COLEGIO NACIONAL DE ABOGADO, APRECIADOS COLEGAS ABOGADOS, GREMIOS INDEPENDIENTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL

COMUNICADO A LA NACION PANAMEÑA

Lamentando tener que referirme en esta sagrada fecha del “Día de la Madre” a un tema jurídico, Las Asociaciones de Abogado abajo firmantes, nos permitimos hacer un llamado de atención a TODOS LOS ABOGADOS DEL PAIS, y a la CIUDADANIA EN GENERAL a leer nuestras observaciones y preocupaciones en torno al Proyecto de Ley 651 que reforma nuestro Código Penal, Procesal y el Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial.

Empezamos por resaltar que lo consideramos un proyecto NOCIVO, ALTAMENTE PELIGROSO, INNECESARIO y con una motivación a extremo SOSPECHOSA por la fecha en que se presente, por la ausencia de comunicación y debate y por lo cercano al torneo electoral.

Adicional a lo anterior, NO EXISTE COHERENCIA, entre el fin perseguido y expresado en la “EXPOSICION DE MOTIVOS” y la redacción del mismo. Se pierde toda proporcionalidad en el establecimiento de penas, se pasa a definir (tipificar) conductas de una forma tan amplia y general que DESTROZA principios del Derecho Penal y establece “normas procesales” (cuyo objeto es permitir el ordenado equilibrio de las partes) creando desequilibrios procesales tan extremos que lesionan gravemente el derecho constitucional de la defensa y el derecho a un juicio imparcial y en tiempo “razonable”.

Tan ridículas son las propuestas que LITERALMENTE expresan que se podrá crear RESERVA del expediente, POR DECISION UNILATERAL DEL FISCAL, hasta por 30 días, incluso para el abogado de la defensa, violando el derecho de defensa, de contradictorio, de presentación de pruebas, violando el artículo 22 de la Constitución Nacional que expresamente señala que toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

La horrible práctica de Testigos Protegidos que tan mala experiencia ha causado en el pasado en nuestro país, y que se utilizaba para vincular a personas en casos violentos como Homicidio, Narcotráfico, Secuestro, Terrorismo, las autoridades quieren decirnos que necesitan tener TESTIGOS PROTEGIDOS, para perseguir delitos ambientales (Tala de Árboles, contaminación de quebradas, construcción de muros de contención sin permiso, el famoso caso donde el Gobierno acuso al grupo Kolectivo por pintar murales de obras de expresión, podría catalogarse en tal sentido), Delitos de Hurto, Falsificación de Tarjeta, Hackeo de Facebook o Twitter, bajar y comercializar música por internet, vender CDs de música pirateados en la calle o comprar un CDs por cualquier ciudadano, Falsificación de Documento público, estafa, lesiones personales, etc.) ¿Para qué se necesitan testigos protegidos para este tipo de delitos? ¿Qué agenda hay? Incluyen estas modalidades y otras para hablar de Crimen Organizado y las sancionan con 15 a 30 años de prisión.

Conceptualmente nos hemos opuesto a la figura del Testigo Protegido, porque en otros países, a diferencia de en Panamá, ese testigo se presenta el día del juicio, o en su defecto se pone al acceso de los abogados con las indumentarias de rigor, y se reserva para casos VIOLENTOS como NARCOTRAFICO, HOMICIDIOS del CRIMEN ORGANIZADO, SECUESTRO y TERRORISMO. Y por derecho constitucional, todo abogado o defensa tiene derecho a cuestionar al testigo protegido, incluso en los Estados Unidos porque puede existir manipulación o control de los agentes investigadores sobre el testigo protegido, cómo será en estados de hecho, en países como Panamá que no existe garantías del investigado por parte del Ministerio Público, que puede por 30 días en reserva total del expediente, manipular al testigo protegido y utilizarlo como móvil para realizar acusaciones penales contra dirigentes y opositores al actual gobierno, como se ha demostrado por parte del Ministerio Público, en la actualidad y sin que la defensa técnica ni abogado tenga acceso al expediente ni ejercer la defensa de su cliente, un derecho tan elemental que está previsto en todas las Convenciones y Tratados Internacionales aprobados por Panamá.

En Panamá esa figura es tan nociva, porque NO HAY UN CONTROL PREVIO en la selección de ese testigo protegido, NO ES QUE UN JUEZ valora los elementos que le presenta un fiscal, para ver si el caso y las particularidades del testimonio, reúnen los requisitos para conceder la figura de testigo protegido. No existe una verificación de los antecedentes del testigo. En Panamá, casos como los de Franklin Brewster, y otros han sido nefastos, se ha podido determinar en algunos, que fiscales utilizaron como “testigos protegidos” a personas que estaban DETENIDOS, y deponían sobre hechos que ocurrían afuera de la cárcel. (Es decir, era imposible su conocimiento directo, Y EL FISCAL LO CONOCIA).

Ha existido testimonios de Testigos Protegidos, que se ha demostrado IMPOSIBLES, y no ha existido proceso en contra de ese testigo ni mucho menos para el fiscal. Cuando un “testigo protegido” declara, uno no sabe quiénes?, Será un enemigo de uno ?, un adversario político ?, un deudor, un acreedor molesto ?, alguien allegado a mi contraparte ?, el propio autor del delito queriendo desviar y cerrar la investigación ? El o la ex cónyuge de uno molesta o molesto? El sistema penal inquisitivo practicado en la Edad Media y criticado por autores como CÉSAR DE BECCARIA en su libro De los Delitos y las Penas escrito en 1764, caracterizado por su extrema crueldad, por su arbitrariedad y su falta de racionalidad en que expone que una persona que es acusada sin poder refutar o contradecir o presentar pruebas contra su torturador o investigador, beneficia al culpable fuerte y perjudica al inocente débil. Lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia. No se debe aplicar castigos inhumanos, sino aplicar castigos relativamente leves pero con toda seguridad. Las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Si todas las penas son igual de rigurosas, el delincuente cometerá siempre el delito mayor. Y las penas deben ser iguales para todos los ciudadanos, civiles y policías.

Aquí no existen normas que hablen del PERFIL del caso en el cual puede utilizarse esa figura, de las condiciones EXCEPCIONALES en que puede permitirse, de las autorizaciones previas de un JUEZ, de la investigación previa de ANTECEDENTES y de la verificación de LA RAZON DEL DICHO (conocer que existe veracidad y motivos por los cuales el o ella son realmente conocedores de los hechos que exponen). No existe norma de como procesar a un testigo protegido por falso testimonio, ni tampoco existen sanciones gravísimas para desalentar la mentira en un testigo protegido en caso que se demuestre en juicio que su testimonio es falso. Y AHORA, contrario a limitar el “TESTIGO PROTEGIDO” de forma UNICA y EXCLUSIVA para casos EXCEPCIONALES y limitados a delitos VIOLENTOS, resulta que lo quieren utilizar para cualquier delito por absurdo que parezca.

El uso de autorizar la vigilancia “tecnológica” (sin autorización judicial) y que la Ley permita que cualquier juez penal, y por “cualquier investigación” (ya no solo delitos graves), pueda ordenar escuchas telefónicas hasta por TRES MESES, raya en lo innecesario de la medida, y no hace sino hacer peligrar la estabilidad democrática de un país al violentar el más elemental derecho a la privacidad de los ciudadanos. No es la primera vez que un gobierno dice que necesita ESTAS MEDIDAS EXTREMAS, para la noble tarea de “PROTEGER A SUS CIUDADANOS”, la historia siempre demuestra que ellos terminan convirtiéndose en la “VERDADERA AMENAZA”.

En derecho existe lo que se llama PROPORCIONALIDAD al momento de tasar la PENA APLICABLE a un delito. Todos podemos coincidir en que es incorrecto y hasta ilegal, bajar canciones de internet y vender CDs pirateados en la calle, falsificar una marca, falsificar un certificado médico de la CSS para ausentarse del trabajo, talar árboles, desviar arroyos, lesiones personales, cobrar y pagar coimas para acelerar el pago de algo, etc.. TODOS ESTAMOS EN CONTRA DE ESO ¡!!!

PERO ESTAMOS REALMENTE PREPARADOS como país, para que METERLE 30 años de cárcel a esas personas ? La Ley habla de penas de 15 a 30 años, para aquellos grupos de tres o más que en el tiempo (dos días?diez?) desarrollen estas conductas. No crean que se limite a estas conductas, estamos hablando de decenas y decenas de tipos penales, que por esta vía, dejarán de ser delitos de 2 a 4 años para convertirse en delitos de 15 a 30 años.

El artículo 42 de este proyecto de Ley, es aberrante, espeluznante y absurdo. Dice “el que intimide” o “amenace” entre otros a un Policía, irá de 8 a 12 años de PRISION.!!! Así mismo como lo lee ¡!! Tirarle piedras es “intimidarlo” ¿?? El tipo penal absurdo, ni siquiera exige que sea por motivo de investigaciones y/o del crimen organizado comprobado y/o por motivos del desempeño de funciones y nuevamente LA PROPORCIONALIDAD no existe ¡!!. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que todos los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley, y los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas, sin embargo, se están creando fueros y privilegios para favorecer a la Policía o agentes de la Fuerza Pública, porque entonces recriminarle a un policía por el abuso de la fuerza policial o torturas o no querer parar en retenes cuando los mismos has demostrado de manera pública que no les importa la ley, y comienzan a dispararle a la población civil inocente, sería entonces considerados a través de un simple INFORME (que los jueces le han otorgado valor probatorio a través de fallos de jurisprudencia) redactado por los mismos Comisionados o Policía (agresores) sería considerado como una amenaza o intimidación contra las personas de ellos y los ciudadanos se les arrestaría e impondrían detención preventiva hasta por 12 años de prisión. Pero que sucede con los Policías que agreden, matan o someten a ciudadanos inocentes al punto que le han segado la vida a varios inocentes, incluyendo mujeres y niños amparados con la Ley 74 que les otorga Inmunidad Policial, y, que hasta la fecha no solo se encuentra vigente dicha ley, sino que no la han querido derogar.

En la actualidad, usted amenaza a un policía y lo llevan a un Juzgado Nocturno o un Corregidor, y el mismo lo sanciona con Multa o Cárcel unos días (DIAS MULTA), NECESITAMOS 12 años de cárcel, para el que se le fue la boca o le recrimina a un agente de policía por el abuso policial cometido? Para el tipo que ofuscado cuando lo separan en una pelea le dice algo al policía ¿? O en un estadio? Para el conductor molesto por una boleta o una prueba de ebriedad? El proyecto de Ley no exige ninguna otra condición “SER POLICIA” y ser “INTIMIDADO” o “AMENAZADO” es suficiente para ganarse 12 años de prisión. Es obvio que el proyecto busca cubrir UNICAMENTE al Policía, pues ya los Fiscales y Jueces están cubiertos en la actualidad en el artículo 388 con penas de “5 a 10 años” (Cosa que ya es un absurdo igualmente).

La pregunta adicional, es Con que probará el policía esa infracción ¿?? Con su testimonio ¿? Con un informe de su compañero ¿?? O un Testigo Protegido ¿?? Pero también la pregunta es EN ATENCION A QUE SE PONE ESA PENA ?Por qué de la nada esos números ¿?? Los penalistas sabemos que cualquier delito con pena mínima superior a 6 años, NO PUEDE SER EXCARCELADO BAJO FIANZA, y adicional la LEY prevé que usted `puede estar detenido hasta el MINIMO de la pena aplicable. Le recuerdo, la pena es de 8 a 12 años.

El Sistema Acusatorio, no se salvó, pues en ese sistema (que solo se aplica en cuatro provincias en la actualidad), no se permiten detenciones tan extensas. El sistema acusatorio fue pospuesto en Panamá, y aún cuando en el Proyecto de Ley se mencionan a los jueces de garantía, los mismos no están funcionando en la actualidad, por lo que el Fiscal puede solicitar a un Juez amigo, que no tiene las funciones de un Juez acusatorio que le otorgue la autorización para interceptar o pinchar llamadas telefónicas a cualquier ciudadano que ellos consideren que esté cometiendo delitos que califiquen a “criterio del Fiscal” como crimen organizado, incluyendo delitos de lesiones personales, hurto, estafa agravada, administración pública (en que existan ofensas al Procurador, fiscales, jueces), seguridad informática, patrimonio histórico (pintar grafittis), falsificación de monedas, falsificación de documentos públicos, delitos cometidos con tarjeta de crédito, y cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los anteriormente indicados. Pero el Ministerio Público quiere entrometerse. Están pidiendo poder EXTENDER el período de investigaciones relacionadas a LOS DELITOS listados en la Ley (casi medio Código Penal), por un plazo de 4 años. Es decir, quieren poder mantener una detención 4 años SIN JUICIO. (Más lo que toma una vez envían la causa a juzgado). Esto NO solo raya con el derecho constitucional (Pacto de San José) a un Juicio RAPIDO, adicional raya con la LOGICA. Porque cuando un Fiscal ordena una detención, o solicita su detención, es porque dice tener YA, el delito probado y la grave vinculación del imputado, con medios que ofrecen CERTEZA PROBATORIA, Entonces para que necesita 4 años más ? En 4 años se destruyen familia, reputaciones, negocios, trabajos ¡!! Cuando piden una norma especial para que no se destruya eso ¿? Cuando son policías, jueces, fiscales, diputados ¡!! Ahí si creen que debe existir procesos con GARANTIAS ¡!.

Existen DECENAS de asuntos NOCIVOS en esta Ley, que harían un documento tan extenso que lo largo, distraiga lo grave. Sin embargo, no podemos dejar de resaltar la MADRE del abuso, PODER TENER RESERVA “REFORZADA” del expediente, por decisión del FISCAL, según el cual, él NO le tiene que enseñar el expediente a los abogados. ESTO ES EL MAS FUNESTO ATAQUE CONOCIDO AL DERECHO DE DEFENSA, que ni siquiera NORIEGA se atrevió a implementar. ¡Es decir, que en una protesta pública, si los ciudadanos le gritan a un servidor público o agentes de la Policía: Asesino se consideraría un delito contra la Administración Pública, y los ciudadanos enfrentarían penas de hasta 30 años de prisión, eliminando el derecho a protesta que tienen todos los ciudadanos en Panamá.

La ley permite que un fiscal ordene la aprehensión provisional de sus bienes y LOS DONE ¡!! (Ello viola el derecho constitucional a la propiedad privada). Es el aprehendido (a quien se le presume su inocencia), quien puede decidir lo que se hace con sus bienes. Su casa y su carro, se los puede dar en “administración”, según su antojo. Esta Ley es NEFASTA ¡!!.

Con los supuestos equipos de investigación conjunta, lo que hacen autoridades de otro país puedan investigar en Panamá, violando nuestra soberanía y nuestra Constitución que ordena que UNICAMENTE las investigaciones penales las haga el Ministerio Público.

No tocaremos más temas que dejaremos para el debate, por no querer hacer más largo el documento, pero ABSOLUTAMENTE TODO ABOGADO, TODO PANAMEÑO y PANAMEÑA, tiene el deber de OPONERSE a este proyecto y solicitar que INMEDIATAMENTE sea enviado nuevamente a PRIMER DEBATE para la discusión correspondiente.

No creemos casual, que un proyecto TAN delicado, no se haya consultado con las Asociaciones y que además POR CASUALIDAD, se está discutiendo en “ SESIONES EXTRAORDINARIAS” “DIA DE LA MADRE” “DECIMO TERCER MES” “FIN DE SEMANA LARGO” “NAVIDAD” y “AÑO NUEVO”. Este proyecto “TORQUEMADA” es inquisitivo y espantoso y solicitamos sea enviado a primer debate para no someter a la ciudadanía panameña a un stress innecesario durante estas fiestas de fin de año.

En caso que así no se haga, solicitamos a los Abogados, Médicos, Enfermeros, Ingenieros, Arquitectos, Técnicos Profesores, Estudiantes, empresarios,, Trabajadores, Periodistas, Religiosos, Padres de Familia, Candidatos Presidenciales, y demás posiciones, Partidos Políticos, Servidores Públicos, Asociaciones Cívicas, Sindicatos, CONOCER EL PRESENTE PROYECTO y PRONUNCIARSE CONTRARIOS AL MISMO DE FORMA INMEDIATA, pues este proyecto tiene la maldad suficiente como para cambiar la forma de vida nuestra y de nuestros hijos.

Con muestras de nuestra consideración y respeto, le pedimos al Colegio Nacional de Abogados y Gremios que le solicite con carácter de URGENCIA a la Asamblea Nacional que devuelvan el Proyecto 651 a Primer Debate para que exista un verdadero debate e intercambio de ideas con la participación de la sociedad civil, gremios de abogados, ciudadanos en general, o, en su defecto se rechace el proyecto 651 para que no se preste como herramienta jurídica de persecución a ciudadanos panameños indefensos y crear dudas de la buena voluntad de parte de la Procuradora de presentar este proyecto de Ley en meses próximos a los comicios electorales, recalcando que es un proyecto mordaza que busca eliminar las garantías constitucionales y civiles de todo un pueblo y evitar las protestas justas de los ciudadanos panameños que luchen por sus derechos ciudadanos. Hacemos la salvedad, que en su momento, todos los gremios de abogados igualmente combatimos y expresamos nuestro desacuerdo para evitar que se implementara el Proyecto de Ley No. 438 del 12 de marzo del 2102 presentado por el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, ante la COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA y ASUNTOS CONSTITUCIONALES conocido como Proyecto Moncada que pretendía secuestrar y militarizar la Administración de Justicia, buscando un control absoluto del Órgano Ejecutivo sobre el Órgano Judicial, rompiéndose la independencia judicial, y la separación de poderes que debe imperar en un estado democrático y de derecho, asimismo, bajo las mismas reflexiones consideramos que no debe convertirse en Ley de la República el Proyecto 651 porque es igual de peligroso para la estabilidad democrática del país, máxime que estamos próximos a los comicios electorales en el 2014, que puedan crear el caos y confusión a la población panameña, por lo que consideramos que por el bien de la Nación y de todos, el Proyecto 651 debe ser discutido y analizado por gran parte de la sociedad, para que reine una verdadera democracia en Panamá, justicia y paz, y, que no se interprete como una herramienta con intereses políticos velados.

FDOS:

ASOCIACION PANAMEÑA DE ABOGADOS PENALISTAS (APAP). MGTER. ALFREDO VALLARINO ALEMÁN – PRESIDENTE.-

ASOCIACION DE ABOGADOS LITIGANTES DE PANAMÁ (AALPA). MGTER. CELMA MONCADA (Pta de la Asociación). RAFAEL RODRÍGUEZ (Pte vitalicio). ZULAY RODRÍGUEZ LU (Secretaria de Organización).-

MOVIMIENTO INDEPENDIENTES DE RENOVACION DE ABOGADOS (MIRA)- CARLOS HERRERA MORÁN.-

—–

El proyecto de Ley 651, presentada actualmente por la Procuradura, Ana Belfon, de aseguró busca proteger a policías asesinos y delincuentes.

La ley entre otras cosas absurdas, establece en su artículo 42, en su sección del delito organizado, que “quien mediante el uso de la fuerza física o intimidación, amenace a testigos, peritos, jueces, fiscales o agentes de la fuerza pública, será sancionado con prisión de ocho a doce años”. La ley le da al fiscal el control del expediente, limita el acceso de los abogados, el o los testigos serán protegido o anónimos.

El exdirigente de la Cruzada Civilista, Aurelio Barría, mostró su temor ante el uso de testigos falsos, en caso que se apruebe la ley.

Barría indicó que la ley no castigará a las autoridades, policías o a figuras como el presidente cuando intimiden o amenacen un particular.

El Colegio de Abogados, el Frente por la defensa del Estado de Derecho, las Asociaciones de Abogados Litigantes, nuestra Asociación y otros sectores organizados, han manifestado su firme oposición a este Proyecto de Ley.

Tenemos que estar todos unidos en defensa de los derechos ciudadanos y rechazar los actos contra los derechos humanos.

Dr. Donaldo Sousa Guevara
Presidente de la Asociación de Derecho Ambiental
Asesor de la Organización de Comunidades de la Ciudad